Reparaciones a las víctimas generacionales de políticas públicas del Estado venezolano que produjeron un descalabro financiero nacional
Por Virgilio Reyes Pineda, Illinois, enero de
2024
La Constitución de la República de Venezuela, así como las leyes sociales de la República, es decir, las leyes orgánicas del trabajo, del sistema de la administración pública, y de las fuerzas armadas, estipulan las acciones y pagos que el Estado debe realizar para garantizar beneficios para los trabajadores, funcionarios públicos, empleados, y militares, que culminando su ciclo de trabajo, pasan a la situación de retiro o jubilación.
La ejecución de políticas públicas que intencionalmente no repararon la economía nacional, sino que, por el contrario, tuvieron como objetivo la destrucción del aparato productivo nacional, trajeron como consecuencia un descalabro financiero que dejó a los grupos humanos vulnerables sin acceso a alimentación, medicinas, atención hospitalaria, y los adultos mayores en situación de retiro o jubilación, se vieron imposibilitados de utilizar las pensiones para su sustento y manutención. La vulnerabilidad se define en la pérdida, por factores ajenos a la voluntad propia, de la capacidad para superar las etapas biosociales adversas en el ciclo de vida de dichos grupos humanos.
Las políticas públicas oficiales del Estado venezolano causantes del descalabro financiero que fueron conceptualizadas y planificadas para ejecutarse de forma generalizada y sistemática son el Plan de la Patria (2013-2019), y el Plan de la Patria (2019-2025), los cuales tienen su base conceptual en el Documento Base para la Jornada de Construcción del Plan de la Patria (12/8/2012), y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007-2013).
Un ejemplo de la intencionalidad de destrucción de la economía con el objetivo de crear un nuevo hombre socialista se presenta en el siguiente texto extraído de uno de esos documentos oficiales: (subrayado nuestro)
ECONOMÍA: El sistema económico capitalista es una baja auto infligida de la guerra económica. Su lógica de distribución, logística, precios, materia prima, encadenamiento productivo nacional. El sistema capitalista venezolano es incapaz de atender los requerimientos de producción para las democratizadas necesidades sociales y de consumo de la población, por parte de la revolución. El tema ya no es recomponer el sistema económico. Es tomar lo que se deba tomar de actores y capacidades productivas, ampliar y liberar las fuerzas productivas, fomentar y ampliar las condiciones y universo de los actores económicos, incluidos los pequeños, medianos, comunales, mixtos, privados, estatales. Es la priorización y direccionamiento sectorial de la economía, su valor agregado nacional y lograr el engranamiento soberano de sustitución de importaciones. Es pintar un nuevo mapa productivo, espacializando la agenda económica bolivariana en las subregiones y distritos motores. Es una economía de lo local que otorgue una nueva lógica a la producción urbana. Una economía con ética.[1]
Esas
políticas en lo económico resultaron en un completo fracaso financiero y al
quedar destruido en aparato productivo nacional, el régimen dictatorial dividió
al país en dos grupos humanos, el primero, los que estaban de acuerdo con sus
políticas públicas, y el segundo, los disidentes u opositores. De esa forma,
estableció políticas de redistribución de alimentos y atención médica
exclusivamente para los afectos al régimen, para lo cual emitió los denominados
“carnés de la patria”, discriminando así a los opositores o a cualquiera que no
manifestare voluntariamente su afección al régimen. En cambio, para los disidentes u opositores
estableció un régimen de persecuciones a militares y civiles, además de la
negación de la alimentación y atención médica, lo que lentamente se constituyó
en un mecanismo de exterminio silencioso que fue organizado sistemáticamente y
en forma generalizada contra la población de la tercera edad, pues en la
conceptualización política generacional de la población, su campo de actuación comunicacional
y de adoctrinamiento se concentra sobre los menores de edad y adultos en edad
productiva, mientras que la generación de adultos mayores son considerados
desechos del sistema por la imposibilidad de convencerles sobre los beneficios
de la supuesta revolución bolivariana y de convertirles en socialistas.
Especial atención se merecen los militares en situación de retiro, pues sobre ellos se desató una doble persecución, primero al ser considerados un obstáculo para la permanencia de régimen dictatorial en el poder por su liderazgo institucional y ascendencia dentro de las fuerzas armadas, y segundo por pertenecer a la generación de los adultos mayores o de la tercera edad. A los militares retirados del servicio activo se les prohibió acceso a las bases e instalaciones militares que son sede de instalaciones de servicios médicos y proveedores de bienestar social, y se les sometió a vigilancia, amenazas e intimidación sistemática y generalizada por parte de los organismos de seguridad.
En consecuencia, una gran cantidad de militares retirados decidió escapar de esas medidas injustas emigrando en desplazamiento forzoso junto con sus grupos familiares al exterior, en donde pudieran conseguir trabajo para mantenerse y alimentarse. Comenzó así en 1999 un éxodo que aún no ha concluido.
Hasta el año 2015 aproximadamente, la generación de militares en retiro pudieron complementar sus ingresos con una pensión que había sido el producto del trabajo y dedicación por sus años de servicio activo a la nación. Pero, al continuar el efecto de las políticas públicas de destrucción del aparato productivo, se produjo una hiperinflación que destruyó la capacidad de ingresos para vivienda, alimentación y atención médica en el exterior. Al estar la mayoría de ellos en su etapa de senectud, se les dificultó su manutención y sustento en forma digna y justa después de haber dado los mejores años de sus vidas por el servicio militar a la nación venezolana.
Luego de más de dos décadas de aplicación de esas políticas redistributivas el nuevo hombre socialista con plenitud de oportunidades y mejor estilo de vida no se materializó, por el contrario, sólo la élite socialista tiene acceso a riquezas y beneficios. Adicionalmente, se creó un nuevo general/almirante socialista que es el nuevo opresor que al mismo tiempo se lucra al constituirse en gerente de las empresas del Estado que el Régimen dictatorial le asigna en concesión para que se enriquezca, a cambio de lealtad.
El Estado ve en los militares retirados como un objetivo militar al que hay que desechar utilizando su poder, y de allí la intencionalidad en la persecución política. En adición, coexisten las políticas generalizadas y sistemáticas para suspender y obstaculizar la conversión de divisas en el extranjero, la prohibición de acceso a cuentas bancarias personales con dirección URL localizadas en códigos IP fuera de Venezuela, la imposibilidad de acceder a las pólizas de seguros de vida, hospitalización y maternidad desde el exterior del país, y el decomiso de pasaportes extranjeros a individuos con doble nacionalidad que intenten ingresar a Venezuela. Todas estas políticas dañaron y perjudicaron a ese grupo humano vulnerable.
La hiperinflación que destruyó los sueldos, salarios, ahorros, pensiones, más la capacidad para alimentarse y de adquirir los medicamentos para mantenerse saludables y poder así trabajar, no es culpa de la generación de civiles y militares en retiro, jubilados o pensionados, sino del Estado por haber puesto en práctica políticas públicas generalizadas que desarticularon sistemáticamente el aparato productivo nacional, y por ende, afectaron con mayor énfasis a los grupos humanos vulnerables.
No se trata de juzgar a un Estado mal administrador, sino de atribuirle sus faltas y cobrarle sus omisiones cuando éstas se deban a un plan sistemático de opresión y persecución por razones políticas y en donde claramente se puede observar que los recursos normalmente disponibles para los venezolanos fueron dispuestos para fomentar una ideología política en otros países, además del enriquecimiento ilícito de los funcionarios de gobierno.
El Estado venezolano, luego de haber intencionadamente derrochado 635 mil millones de dólares en aproximadamente 15 años[2], debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados a individuos militares, que por lo específico de su carrera y de su perfil profesional, sumado a los aspectos biosociales relacionados con el fin de su ciclo productivo, se ven en la obligación de comenzar desde cero a ganarse el sustento en condiciones adversas de idioma y competitividad.
A esos individuos les corresponde por derecho que el Estado luego de haberse beneficiado de sus servicios profesionales, les proporcione condiciones de vida dignas para transitar el retiro y completar su ciclo de vida útil en unión de su grupo familiar. Es también cierto que muchos, sin no necesariamente estar siendo perseguidos, también salieron del país buscando un mejor horizonte para sus hijos y nietos, y quizás hayan tenido éxito en sus emprendimientos, pero aún así les asisten las leyes nacionales e internacionales para que el resarcimiento de sus daños y perjuicios.
Finalmente, y sólo para dar una idea de lo imperativo y dramático que es tomar la decisión drástica de abandonar el país y comenzar desde cero a trabajar en otro lugar, por las consecuencias personales de las políticas públicas del Estado especificadas en el Plan de la Patria, tenemos el caso aún más extremo, de una gran cantidad de madres venezolanas que decidieron hacerse operaciones quirúrgicas para esterilizarse de manera de no tener más hijos a quienes no podrían alimentar y cuidar apropiadamente.[3] Aunque esta situación no es vinculante directamente con el caso en cuestión del personal militar en desplazamiento forzoso en el exterior, sí quiere decir, y reafirma comparativamente, que el Estado venezolano es el responsable directo de las consecuencias de la implementación de políticas públicas que ocasionaron daños físicos, morales, y financieros a las generaciones y demás grupos humanos vulnerables.
BIBLIOGRAFIA
Martínez, Isben. "Sembrar el petróleo: Santo y seña del
fracaso." Diario El País, España, 2018, 1.
Ulmer, Alexandra. "ENFOQUE-Jóvenes
venezolanas optan por las esterilizaciones mientras crisis deteriora crianza de
niños." Reuters, 2016.
Venezuela, Gobierno de. "PLAN PATRIA
2025: LA OPCIÓN DE VENEZUELA Jornada de Debate Popular Constituyente para la
Elaboración del Plan del Pueblo." 26. Caracas, 2012.
[1] Venezuela, Gobierno de, "PLAN PATRIA 2025: LA
OPCIÓN DE VENEZUELA Jornada de Debate Popular Constituyente para la Elaboración
del Plan del Pueblo," DOCUMENTO BASE PARA LAS JORNADAS DE DEBATE Y
FORMULACIÓN POPULAR DEL PLAN DE LA PATRIA 2025 (Caracas2012). pp. 5.
[2] Martínez, Isben, "Sembrar el petróleo: Santo y
seña del fracaso," Diario El País, España 2018.
[3] Ulmer, Alexandra, "ENFOQUE-Jóvenes venezolanas
optan por las esterilizaciones mientras crisis deteriora crianza de
niños," Reuters 2016.
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